El PRI Chihuahua alertó que la reforma a la Ley General de Aguas pone en riesgo al campo, a la minería y a miles de usuarios del recurso, una preocupación que coincide con los señalamientos de el presidente nacional del PRI Alejandro ‘Alito’ Moreno sobre los peligros de centralizar el control del agua.
El Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua advirtió que la reforma a la Ley General de Aguas propuesta por Morena no solo afecta a las y los productores del campo, sino que también golpea directamente a la industria minera, una de las actividades económicas que más desarrollo genera en el territorio nacional. La dirigencia señaló que el artículo 118 de la nueva legislación establece disposiciones que podrían paralizar operaciones productivas y afectar inversiones estratégicas en diferentes estados del país.
El partido cuestionó quién será el nuevo “acaparador” bajo esta normativa y señaló directamente al Comité del Fondo de Reservas, el cual, según el dictamen, tendrá la facultad discrecional de decidir a quién se le quita, a quién se le otorga, cuándo se le retira y cuándo se le asigna el agua. Para el PRI Chihuahua, este nivel de control convierte al comité en una figura con poder absoluto sobre un recurso vital, abriendo la puerta a decisiones políticas y no técnicas.
La dirigencia estatal también criticó que la reforma no garantiza el respeto a los derechos adquiridos, un principio fundamental para la seguridad jurídica de quienes dependen del agua para trabajar. Señalaron que los cambios introducidos al dictamen son insuficientes, ambiguos e incongruentes, dejando vulnerables tanto a productores como a sectores industriales, pero especialmente a quienes menos tienen y menos pueden defenderse ante decisiones discrecionales del Gobierno Federal.
El PRI Chihuahua denunció que la iniciativa mantiene un enfoque punitivo y recaudatorio, al sustituir los llamados “delitos hídricos” por “delitos contra las aguas nacionales”, sin ajustarlos al marco penal correspondiente. La reforma, advirtieron, sigue criminalizando prácticas esenciales como el uso del agua para labores productivas y coloca a miles de familias en riesgo de ser sancionadas bajo criterios administrativos que no corresponden a la realidad del campo.
Asimismo, el partido criticó que Morena haya simulado audiencias regionales desde el centro del país en lugar de realizarlas en las 32 entidades federativas, donde la crisis hídrica y las necesidades de gestión son completamente distintas. Añadieron que el proyecto contiene disposiciones que se contradicen entre sí, situación que, según el PRI, parece deliberada para facilitar la discrecionalidad en la aplicación de la ley.
Finalmente, el PRI Chihuahua reiteró que denunciara todas las fallas de esta reforma al considerar que perjudica a las y los mexicanos y amenaza sectores productivos esenciales para la economía nacional. La dirigencia señaló que su postura coincide con la visión del presidente nacional del PRI Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien ha advertido que el país no puede aceptar una legislación injusta, centralizadora y peligrosa para el futuro del agua en México. “No apoyaremos una ley que castiga al campo, a la industria y a las familias. México merece una legislación responsable y verdaderamente justa”, concluyó el comité estatal.
